El reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que clasifica al glifosato como cancerígeno permite evaluar cómo se logró que este agroquímico sea utilizado en el país.
En la salida del conflicto por la resolución 125, se dio a conocer que la introducción de la soja transgénica en 1996 durante el gobierno menemista se hizo por intervención directa de Monsanto. Sin embargo, ese mismo 2009 un informe realizado bajo la gestión kirchnerista concluye que el glifosato tiene "bajo riesgo para la salud humana y el ambiente", citando explícitamente estudios patrocinados por la misma compañía estadounidense. En las últimas décadas, la sojización no se detuvo sino que en todo caso fue objeto de disputas al interior del modelo del agronegocios, incluyendo el relativo acercamiento del gobierno con la Federación Agraria. Y hace un mes, la Presidente anunció inversiones para producir un glifosato íntegramente nacional.
INFORME ESPECIAL
Por Eduardo Soler
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La empresa modelo de "el modelo", YPF; produce su propio glifosato.Glifosato es el nombre del principal agroquímico utilizado en el territorio argentino, con 300 millones de litros por año. Glifosato fue la palabra que aprendieron los argentinos durante el llamado "conflicto con el campo" por la resolución 125 que proponía retenciones móviles a la soja. Siete años después, algo tal vez cambió: el acuerdo del gobierno nacional con una de las patas de la Mesa de Enlace parece cambiar la relación de fuerzas. Pero también existe una continuidad profunda, ni la autoridad política ni el poder económico nacionales tienen en sus planes discutir si quiera el modelo de los agronegocios.
Hace dos semanas, la Presidente de la Nación Cristina Fernández pudo terminar de dar vuelta una hoja importante de su gestión presidencial. Unos meses luego de su asunción, el llamado "conflicto con el campo" fue un hito que como ningún otro terminó de definir la identidad política kircherista, provocando un realineamiento de fuerzas un año después. Ahora, a meses de finalizar su mandato constitucional, el acuerdo con la Federación Agraria Argentina (FAA) permitió romper la alianza entre las organizaciones agrarias que protagonizaron aquel conflicto.
Para la mandataria, se trató de un "acuerdo histórico", que se logró "superando definitivamente viejos desencuentros que muchos se debieron a prejuicios, a preconceptos que teníamos por allí entre unos y otros". El acuerdo podría modificar la alianza de actores dentro del campo del agronegocio puesto que fue posible gracias al cambio en la conducción de la FAA, con la llegada de Omar Príncipe. Sin embargo, el dirigente que también se había mostrado preocupado en 2009 por los estudios críticos hacia el glifosato, ahora se posiciona crítico hacia Monsanto, que es la principal aliada del gobierno.
Para entender esto, no es inútil rememorar el periodo del 2008 al 2009, donde se abrió una puerta para hablar del modelo sojero y del glifosato, aunque la perspectiva de largo plazo ayuda a entender que se utilizó una cuestión trascendente en materia de salud y ambiente para posicionarse mejor en la disputa política. El informe producido por el Ministerio de Ciencia, en ese contexto, selló la futura alianza del gobierno nacional con Monsanto. Un modelo transgénico, puesto en jaque por el muy reciente informe de la OMS, que vuelve a descalificar el discurso sobre la inocuidad del glifosato, utilizado masivamente en Argentina.
2008-2009: Crisis del Campo y denuncias al glifosato
El 31 de marzo de 2008, la Presidente pronunciaba un histórico discurso en el momento de mayor tensión por la resolución 125: "El otro día charlaba con alguien y me decía que la soja es, en términos científicos, prácticamente un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Para que ustedes tengan una idea, argentinos y argentinas, el clifosato [por glifosato], que es algo con lo que se bombardean las plantaciones de coca en Colombia o en la frontera con Ecuador para destruirlas, a la soja no le hace nada; es más, le hace bien porque le mata todos los yuyos que están alrededor". En esta frase, la mandataria revelaba públicamente su desconocimiento sobre el paquete biotecnológico que une soja transgénica con el glifosato. Sólo unos meses después, la historia sería diferente.El 17 de julio el viceprecidente Julio Cobos anunciaba el voto "No Positivo" sobre la Resolución 125, consolidando un momento de realineamiento político. La Mesa de Enlace, de la Sociedad Agraria hasta la Federación Agraria, unía a los actores locales del agronegocio, que rechazaron de pleno la política de retenciones móviles a la soja. La corporación Monsanto, entre otras, no se pronunció en forma activa, pues sus intereses no estaban en juego.
El 19 de enero de 2009, luego de conocerse un primer fallo judicial que limitaba las fumigaciones en Córdoba, y con la memoria fresca del conflicto, la Presidente Cristina Fernández ordenó al Ministerio de Salud -mediante el decreto 21/2009- iniciar una investigación sobre los efectos glifosato en la salud de los pueblos fumigados.
El lunes 13 de abril, Página/12 publicó en tapa la nota de Darío Aranda que difundía las investigaciones de Andrés Carrasco, presentado como el primer informe científico que avalaba las denuncias de comunidades indígenas y movimientos campesinos. El 15 de abril la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas inició un amparo judicial para solicitar la prohibición del glifosato en el país.
El 26 de abril, el periodista Horacio Verbitsky revela como se autorizó la soja transgénica, resistente al glifosato, en el verano del 2006: "De 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción". El responsable político fue el entonces menemista Secretario de Agricultura, Felipe Solá, quien antes del conflicto por la resolución 125 era parte del oficialismo kirchnerista. La nota también menciona el estudio de Carrasco y denuncia las intimidaciones que sufrió en su laboratorio.
En el medio, el 20 de abril el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja con glifosato en los campos bajo su dependencia ubicados en zonas urbanas, como Campo de Mayo. La Ministra era Nilda Garré, una funcionaria del ala progresista del gobierno, relacionada con Verbistky por su trabajo conjunto en el CELS. En ese entonces, su vez, Carrasco oficiaba como Secretario de Innovación Científica en el Ministerio de Defensa; había asumido en diciembre de 2007 pero debió renunciar por las críticas recibidas.
El 3 de mayo, nuevamente Página/12 publica la entrevista de Aranda a Carrasco con las repercusiones de la primer nota. Clarín de la mano de Héctor Huergo y La Nación se habían apresurado en desprestigiar las investigaciones, dudando de su carácter científico. Pero Carrasco también admitió presiones surgidas del gobierno nacional ligadas al sector de la biotecnología. Y allí afirma: "En vez de la confrontación o la presión habría que profundizar los resultados, conformar equipos interdisciplinarios".
2009: El Informe Ministerio de Ciencia / Monsanto
El día siguiente, 4 de mayo, se reunió de urgencia el "Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología" del Ministerio de Ciencia. El documento "Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato" sugiere la conformación de una comisión de especialistas que dictamine sobre el asunto. Como trasnfondo, Página/12 publicó el 13 de mayo la noticia sin firma, ya que si bien se originó en la redacción de Darío Aranda, fue editada para favorecer la visión oficialista, como puede constatarse consultado la versión original. La principal diferencia es que la idea habría partido del Ministro Lino Barañao como forma de "evaluar el accionar de Carrasco" y el consecuente repudio del colectivo Voces de Alerta.
El Ministro de Ciencia había sido citado por el editor de Clarín Rural cuando afirmó que "jamás se reportó un caso, en todo el mundo, de algún problema sanitario".
Mapa oficial del uso de glifosato preparado por el Ministerio de Salud en 2009.
En ese contexto, en julio de 2009, se publicó la “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente" avalada por el CONICET. Allí se explica que el Ministerio de Salud, originario depositario del pedido presidencial, extendió la invitación al Ministerio de Ciencia, que convocó al Consejo Científico Interdisciplinario. El resumen expresa con claridad: "En cuanto se refiere a los efectos del glifosato sobre la salud humana, los estudios epidemiológicos revisados no demuestran correlación entre exposición al herbicida e incidencia en el cáncer".
Sin embargo, como destacó Darío Aranda, el informe fue muy cuestionado por científicos independientes ya que se utilizan estudios encargados por la propia empresa interesada, Monsanto. Ello contradecía el espíritu sugerido por el Comité de Ética, que explicitaba que los especialistas no podían tener conexión con intereses empresariales. De hecho, no se trata de un descubrimiento, pues el propio informe abunda en citas explícitas, mencionando incluso que "la exposición crónica no modifica la toxicocinética y no se bioacumula, al menos según lo informado por científicos del grupo Monsanto".
En otro pasaje, se hace nueva referencia a los estudios de Gary Williams y colegas, "patrocinados por Monsanto", que analizan y "desautorizan" 44 publicaciones científicas con resultados exprimentales por el glifosato. Aquí la Comisión del CONICET se permité dudar de que algunos resultados "contundentes" cayeron bajo los efectos de una "crítica subjetiva" e incluye investigaciones del grupo de Gorla en la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde el 2006 a esa fecha.
Más adelante, señala también que existen estudios "abundantes y confiables" sobre efectos dañinos del glifosato en mamíferos, y que las dudas relacionadas sobre la extrapolación (la extensión) de estos datos a otras especies, incluida la humana, "provienen principalmente de científicos acreditados por el grupo Monsanto". Años más tarde, se conocería el informe de wikiliks en Argentinaque reveló cables de ese mismo mes la Embajada de Estados Unidos que hicieron lobby por la corporación Monsanto para influir sobre el dictamen del Estado Nacional.
Por lo tanto, aquello que había sido denunciado por Verbitsky en referencia a Solá, luego se constató también en el propio gobierno kirchnerista. Los resultados de un dictamen oficial se basan en información proporcionada por la propia empresa, que realizó lobby a través de la Embajada norteamericana. Con un condimento aún peor: los resultados fueron legitimados por el organismo científico nacional: CONICET.
En agosto del 2009, fue aprobado en comisión el proyecto de una diputada kirchnerista que solicitaba "la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad". Pero en septiembre de 2009, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, dependiente del Ministerio de Salud creada por el decreto presidencial 21/2009 publicó un "informe de avance". En el mismo se adjunta el resumen ejecutivo del informe producido por el Ministerio de Ciencia. Así se daba por finalizada en forma oficial la "polémica" iniciada por la difusión de los estudios de Carrasco, y cualquier iniciativa oficial para regular su uso.
Por casualidad, ese mismo mes, YPF lanzaba el "glifosato más concentrado del mercado"; todavía no era una empresa semi-estatal pero ya tenía capitales nacionales cercanos al gobierno.
La resistencia siguió camino en la sociedad civil: en agosto de 2010, se realizó el 1° Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigadosen la Universidad Nacional de Córdoba. En el documento se cita la investigación de Carrasco, pero también de otros científicos, y sobre todo se comienza a relevar sistemática los casos médicos producidos en los afectados directos en todo el país.
2010 al presente: Agrobierno de Monsanto
El 7 de octubre de 2010, Monsanto logró la aprobación de un combo de tres eventos transgénicos (para maíz resistente al glifosato), una marca histórica para el agronegocio.
El 23 de agosto de 2011, la Secretaría de Agricultura mediante la CONABIA (Comisión Nacional de Biotecnología) decidió autorizar la soja transgénica resistente a glufosinato de amonio. "Una solicitud hecha por la empresa Bayer a fines de los 90", como destacó en su momento Infocampo. Se trataba del segundo evento transgénico aprobado comercialmente, justamente, 15 años después de la liberación de la soja RR por Felipe Solá.
Ello fue la antesala perfecta para el anuncio, en septiembre de 2011, del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA). A meses de reasumir como Presidente de la Nación, Cristina Fernández impuso la meta hacia el 2020 de "aumentar de 52 a 71 millones de toneladas la producción de soja". Así las cosas, el plan implicaba continuar con el paquete tecnológico que insume un uso intensivo de agroquímicos a la vez que avanza sobre los bosques nativos.
El 9 de febrero de 2012, en medio del conflicto con los pobladores de Famatina, en una insólita conferencia de prensa, la Presidente pronunció otra declaración reveladora. Según difundió la prensa oficial, dijo que si se hiciera caso a ciertas posiciones ecologistas extremas “no podríamos cultivar por el glifosato". Días más tarde, el 28 de febrero, la Presidente anunció la vinculación del CONICET con BIOCERES, empresa dirigida por "el rey de la soja" Gustavo Grobocopatel para la patente de una nueva soja transgénica, resistente a la sequía. Allí tuvo gran incidencia el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, quien como vimos tuvo un rol protagónico en la defensa del glifosato.
El 15 junio de 2012 sucedió uno de los actos que tuvo mayor repercusión como evidencia de la alianza entre el gobierno nacional y la corporación Monsanto. Durante una conferencia por su participación en el Consejo de las Américas, la Presidente anunció con orgullo las nuevas inversiones de la empresa en Argentina, relacioda con la semilla transgénica "Intacta". En ese mismo mes,ocurría un juicio histórico por las fumigaciones en Ituzaingó Anexo (Córdoba), relacionado con el que había sido el motivo para el informe encargado por la misma Cristina Fernández en enero de 2009. El incidente transmitido por la Televisión Pública sería el inicio del conflicto en Malvinas Argentinas (Córdoba) contra la instalación de esta planta, decidida a espaldas de la población.
En marzo de 2013, se presentó el "Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina 2020", donde se dio impulso a la biotecnología aplicada al agronegocio. El documento es la condensación de la política del Ministerio de Ciencia, creado en diciembre de 2007 por la recién asumida Cristina Fernández. Una política de Estado -el apoyo a la biotecnología- complementaria de otra política de Estado -el apoyo al agronegocio- que conforman el núcleo de la expansión del modelo agroexportador sojero.
De hecho, en los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández se aprobaron 19 eventos transgénicos; mientras que en la presidencia de Néstor Kirchner fueron 4. Antes del kirchnerismo, inauguró la serie Carlos Menem con 5 y Fernando de la Rúa tuvo tiempo de aprobar 2 durante el 2001. Entre todos, 21 semillas transgénicas presentan como innovación la "tolerancia" al glifosato o al glufosinato de amonio (también denunciado por Carrasco).
En fines del 2014, la ya semi-estatizada YPF, nuevo símbolo del gobierno nacional, lanza el nuevo "glifosato premium".
2015: Informe de la OMS y Glifosato nacional
En conferencia de prensa del 12 de febrero de este año, la Presidente difundió una inversión de 150 millones de pesos para la producción de glifosato nacional, de los que 46 millones correspondieron al Fondo del Bicentenario. La empresa beneficiaria fue la fábrica Transclor en Pilar "para la producción de potasa cáustica, que es un insumo básico para producir glifosato, que es el fertilizante por excelencia en la siembra de soja", aseguró Cristina Fernández. También aclaró que la potasa cáustica se importaba totalmente, un insumo totalmente importado" por un valor de 20 millones de dólares por año.
Sólo un mes más tarde, el 20 de marzo, la OMS ratificó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer. El informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (OMS) re-clasifica al glifosato en el Grupo 2A, de “agentes probablemente cancerígenos para los humanos”. En síntesis, el documento expresó: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.
La noticia casi no fue reconocida en su trascencia por los medios nacionales. El portal oficial Telam se hizo eco de manera particular, difundiendo la versión empresarial: "Monsanto rechazó un informe de una agencia internacional sobre glifosato". Clarín tituló por su parte "Polémica sobre el herbicida más utilizado en Argentina" y destaca que Monsanto calificó al informe como "ciencia basura".
Tal vez sea porque, como precisó Darío Aranda, el informe de la OMS no recoge los estudios de Gary Williams, por estar financiados por Monsanto. Es decir, los mismos que sí fueron considerados por el comité formado por el Ministerio de Ciencia en 2009. A su vez, en un reciente artículo publicado en Mu, el periodista dio a conocer que el actual director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura y de la CONABIA, Martín Lema, publicó un artículo "científico" en conjunto con Monsanto y otras corporaciones del agronegocio.El balance que puede extraerse es claro: "Las corporaciones de transgénicos y agrotóxicos están dentro del mismo Estado. Y deciden qué semilla se aprueba y, al mismo tiempo, qué modelo agropecuario tendrá Argentina".
Frente a este panorama desolador: ¿Existe alguna expectativa cierta con el cambio de gobierno de este año? Como bien sintetiza el comunicado "Cancer, glifosato y después" de la Red Nación de Acción Ecologista (RENACE): "Es imperioso el viraje a la producción agroecológica. ¿Qué político va a anunciar ésto en su campaña?". Los principales candidatos señalados por los medios masivos (tanto opositores como oficialistas) no parecen cambiar el rumbo del agronegocio. Más bien, es un tema del que no se habla.
Consultado por a La Noticia1 por la inversión de la planta Transol para producir "soja nacional", Juan Spineto, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, expresó sobre las consecuencias de la fumigación con glifosato: “Hay muchísimos casos de cáncer infantil. Cada día nos llegan más crónicas de víctimas. En el partido de Ramallo, un pueblo sojero, donde recientemente se celebró la ExpoAgro donde van distintos políticos como Scioli, Macri y Massa, lo organiza Clarín y La Nación, es decir, todos los componentes de ese establishment sojero, que disfrazan este modelo de progreso que va a traer más beneficios para el país, lo cierto es que promocionan un monocultivo que no sólo destruye a nuestra economía, sino a nuestra salud”.
Andrés Carrasco falleció el año pasado. Ahora la OMS también le da la razón. El científico dijo alguna vez en una entrevista publicada en Mu: "Es increíble que la reacción haya sido por el informe y no por los centenares de denuncias que venían haciendo médicos rurales y vecinos de todo el país. Si yo no hubiera llegado a esas conclusiones, ¿quién tendría razón? ¿El que está en el laboratorio o el vecino que muestra lo que le pasa? Vivimos en un sistema de negación. Cuestiones como éstas no se estudian para que no se conozca lo que provocan. Pero el glifosato no es el centro del problema, ni Monsanto (la multinacional sojera). Lo más grave, lo enfermo, es el modo de producción actual que tiene un efecto perverso sobre el ambiente, la salud humana y la sociedad”.
Quizá esta vez, el informe avalado por la ONU supere la mera reacción y encuentre el suficiente eco para torcer el rumbo de la política y la economía del agronegocio. Hasta el momento, el debate abierto en torno a la Ley de Semillas propulsada por Monsanto y con arraigo en sectores del oficialismo, puede ser el campo concreto de disputa.
De esto se trata la Ecología Política del modelo agropecuario en Argentina: Soberanía alimentaria o más agronegocio con glifosato.
¿Federación Agraria versus Monsanto?
Como fue señalado, el acuerdo entre el gobierno nacional con la Federación Agraria puede marcar un quiebre dentro del sector agrario. La nueva conducción encabezada por Príncipe apunta a tener un perfil con mayor identidad hacia los pequeños productores. Hablando en primera persona, expresó en una entrevista de la propia gremial que "ya nos desprendimos de más de 70% de la soja", por lo cual "los productores que representamos ya no tienen más soja".
En ese mismo contexto, ya desde el 2011, la Federación plantea críticas directas hacia la corporación Monsanto, en el marco de su alianza explícita con el gobierno nacional. Más puntualmente, señalaron el riesgo de la nueva semilla Intacta RR2 aprobada en 2012. Hace pocos días, el 27 de marzo, publicó un comunicado denunciando una nueva"pretensión de Monsanto, [que] no solo implica el cobro de regalías por la tecnología aplicada en la semilla, sino por la totalidad del volumen producido y comercializado por cada agricultor".
Sin embargo, entre los antecedentes de Principe encontramos declaraciones a La Capital en mayo de 2009, durante la polémica abierta por la investigación de Carrasco: "No hay estudios serios sobre el glifosato. No podemos estar atados a la opinión de cualquiera. Dejaríamos de usarlo pero si hay una alternativa", expresó. Dijo además "hace 20 años se usaban distintos tóxicos y ahora al menos se emplea sólo este. Somos víctimas y no culpables". El nuevo informe de la OMS tal vez haga cambiar de parecer al ahora presidente de la Federación Agraria.
Fuente: Com Ambiental
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